Leonardo Bastida Aguilar
Ciudad de México a 2 de abril de 2017
“Si les sigues dando publicidad a los maricos, te vamos a matar” fueron las palabras que dijo un hombre a Juan Carlos Viera, activista a favor de los derechos de la población lésbico, gay, bisexual, transexual, travestí, transgénero, intersexual y queer (LGBTIQ) y editor de la revista Milk Magazine, mientras pretendía abrir su automóvil estacionado en la parte inferior del edificio donde vivía en Caracas, Venezuela.
Primero habían sido amenazas e insultos por whatsapp, todos ellos con abierta alusión a su orientación sexual, después llamadas telefónicas, hechos que habían pasado a ser algo común en la cotidianeidad de Juan Carlos, sobre todo cuando alguna persona trans aparecía en la portada de la revista, cuyo nombre homenajea al activista estadounidense Harvey Milk, precursor de la defensa de los derechos civiles de la población LGBTIQ en San Francisco, California y primer funcionario público abiertamente gay.
Desde noviembre de 2015, por las páginas de la revista han pasado Tamara Adrián Hernández, una de las primeras legisladoras trans en América Latina, quien aún pelea por el reconocimiento de su identidad de género en su país, y pugna por el reconocimiento del matrimonio igualitario; Rosmit Mantilla, también diputado, abiertamente gay y opositor de Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, hecho que le costó pasar dos años en prisión y la activista transgénero, Priscila Solórzano, coordinadora de la red LGBTIQ de Amnistía Internacional.
En agosto, los ataques se incrementaron de manera considerable al grado que el editor de Milk comenzó a aislarse de su entorno, de las entrevistas y del ojo público además de mermar su actividad como defensor de derechos humanos.
Las alarmas se encendieron aquella mañana de octubre, cuando un hombre se le acercó a pedirle que le encendiera un cigarro y aprovechó esa pausa para darle la advertencia de que dejará de publicar cosas de diversidad sexual o le costaría la vida. Y la emergencia llegó cuando volvió a ver a su agresor rondando por su casa acompañado de personas vinculadas con el gobierno a pesar de haber levantado una denuncia.
En medio de ese contexto, Viera tuvo que salir de Venezuela a pesar de que la revista ha sido cada vez más leída, visitada y conocida por mucha gente, aunado a que cumplía con objetivo: reivindicar la imagen de la comunidad LGBTI en la sociedad. Nadie garantizaba su salvaguarda por su labor como periodista y activista a favor de los derechos de las poblaciones LGBTIQ y un avión con destino a México era su opción.
Ambiente de odio
“Capriloca” es el apelativo con el que Nicolás Maduro se refiere a su rival electoral, Henrique Capriles, incluido un discurso dado por el canal estatal Venezolana de Televisión en diciembre de 2016, un hecho que enardeció a integrantes de la comunidad LGBTIQ, quienes cuestionaron la postura del heredero de Hugo Chávez.
Anteriormente había hecho comentarios similares al llamarle al mismo Capriles “pelucón lechero” y en otro acto público insistió en que “a él si le gustaban las mujeres y tenía a la suya a un lado”, haciendo alusión a que él no era soltero como su rival electoral. Incluso cuando aún era ministro de relaciones exteriores llegó a afirmar que el respetaba la “condición sexual” de las personas, incluida la de su antagónico, quien actualmente es gobernador del departamento de Miranda.
Además, se le ha cuestionado por la escasez de medicamentos antirretrovirales, hecho denunciado por varia organizaciones de la sociedad civil venezolana durante una sesión de la Organización de las Naciones Unidas en junio de 2016.
Hechos
A pesar de su exilio, Viera se ha enterado de que hay ataques hacia la población LGBTIQ afuera de los lugares donde comúnmente se reúnen, como en Sabana Grande, en Caracas, una zona icónica para el movimiento de la diversidad sexual venezolano, donde hubo un asalto y asesinato a golpes de un chico gay en un zona custodiada por la Guardia Nacional.
El caso de Juan Carlos no es único, otros activistas LGBT han tenido que salir del país como Edgar Batista, activista del Partido Voluntad Popular; integrantes de Venezuela Diversa, a quienes les pusieron una pistola en el pecho, y el abogado José Manuel Simons, quien ha litigado en contra del gobierno venezolano a favor del reconocimiento de los derechos de las personas integrantes de los colectivos de la diversidad sexual y de las familias diversas.
De acuerdo con el informe Situación de los Derechos Humanos de las Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales en Venezuela, elaborado por varias organizaciones civiles locales y presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015, Venezuela no cuenta con una ley que obligue al Estado a garantizar y proteger el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas LGBTIQ ni con políticas públicas, programas y servicios públicos específicos.
Además de la falta de legislación en el tema de matrimonio igualitario y conformación de familias homoparentales. En temas de seguridad pública, el estudio revela que al menos 50 por ciento de las personas LGBTIQ han tenido alguna experiencia negativa con los cuerpos policíacos. En materia de no discriminación, 92 por ciento de las y los integrantes de este sector afirmaron haber padecido alguna situación discriminatoria, y entre 2009 y 2013 se registraron 46 crímenes de odio y 53 agresiones.
Todo esto aunado a que por decisión gubernamental, las organizaciones de derechos humanos no pueden recibir fondos.
Para Viera lo más preocupante fue saber la respuesta de las autoridades de su país ante las denuncias de ataques homofóbicos en su contra, “nadie te manda ser maricón”.